La eliminación de la violencia contra la Mujer en América Latina

A pesar de las leyes contra la violencia doméstica, el sistema legal le sigue fallando a muchas mujeres en América Latina y el Caribe. 

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en noviembre de 2017, América Latina tiene la tasa más alta en el mundo de violencia sexual de género contra las mujeres, y en América Central dos de cada tres mujeres asesinadas son víctimas de feminicidio, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe descubrieron que, en promedio, 12 mujeres son asesinadas por día en toda la región.

Hasta la fecha, casi 30 países de la región han promulgado leyes contra la violencia doméstica o han calificado la violencia como un delito. Sin embargo, encuestas de varios países indican que se estima que entre el 10% y el 50% de las mujeres informan haber sido agredidas físicamente por su pareja masculina. Esta violencia tiene un alto costo.

Los expertos coinciden en que las mujeres están más expuestas e inseguras en sus propios hogares. Los esposos o parejas son responsables de la mayoría de las agresiones, lesiones, abusos sexuales y homicidios.

Un estudio realizado en 1996 sobre casos de violencia doméstica en 17 estados de Brasil por los investigadores Luiz Sores, Bárbara Soares y Leandro Carneiro para Movimento Nacional de Direitos Humanos (Organización de derechos humanos en el país), indicó que los esposos, compañeros o ex parejas eran los principales actores de violencia contra la mujer  cometiendo 230 abusos, seguidos de 31 cometidos por parte de parientes, vecinos u otros. 

Por otro lado, entre las formas de violencia resaltaron actos como “la empujó, sacudió o le tiró algo” (11,2%), “la abofeteó o le torció el brazo” (8,2%), “la golpeó con el puño o con algo que pudo hacerle daño” (6,9%) y “la ha pateado o arrastrado” (4,6%). 

Además se concluyó que, cuando las mujeres poseen ingresos propios, enfrentan de mejor manera la violencia, mientras que las que dependen económicamente de los agresores tienen más dificultades para superarla. Sin embargo, muchas mujeres que cuentan con ingresos, un empleo estable y hasta niveles altos de educación han llegado a ser asesinadas por sus parejas o exparejas. La persistencia de la violencia contra las mujeres es similar en toda la región.

La aceptación de la violencia contra las mujeres está vinculada a la cultura del machismo en América Latina: un informe reciente de Oxfam encuestó a jóvenes de 15 a 25 años de ocho países de América Latina y el Caribe y descubrió que muchos jóvenes de la región toleran el machismo, el 86% de los jóvenes encuestados creían que sus amigos no intervendrán si un amigo golpeaba a su novia. Esta normalización de la violencia contra las mujeres tiene graves consecuencias para la población femenina de todas las edades.

¿Qué han hecho algunos países para eliminar la violencia doméstica en América Latina?

Con el fin de sacar a la luz casos de violencia extrema contra las mujeres que se pasan por alto y que no se denuncian, en la última década, muchos países de América Latina han introducido una nueva categoría de homicidio llamada “femicidio”. La definición internacionalmente aceptada de femicidio es el asesinato de un mujer o niña por el hecho de que ella es una mujer.

Costa Rica por ejemplo, promulgó la Ley contra la violencia doméstica en 1996, que permite la aplicación de medidas de protección sin procedimientos penales o civiles.

Según esta ley, cualquier persona que inflija violencia psicológica, física o sexual a un pariente puede ser expulsada de su hogar y tener prohibido el acceso a la víctima, se le puede prohibir temporalmente el cuidado, la crianza y la educación de los niños menores de edad. 

En el caso de Argentina, el movimiento #NiUnaMenos llamó la atención sobre este fenómeno como una situación inaceptable, lo que demuestra que tiene mucho que enseñar a la región y al mundo. 

El femicidio se ha incorporado al código penal en 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay). Otros seis lo tipifican en leyes fuera de estos códigos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela).